En el año 1719 se suceden los hechos que con el tiempo son conocidos como “Motín de Agüimes”, originados porque Francisco Amoreto, suegro del que sería el primer Conde de la Vega Grande, compra a la Corona, tierras de Sardina, Aldea Blanca y del Castillo. Todas estas tierras eran utilizadas por los vecinos de Agüimes, fundamentalmente como zona de rateo de ganados y en menor medida para cultivos, de subsistencia.
Por esa utilización de las mismas los vecinos debían pagar al Cabildo que gobernaba la Isla un impuesto, de un real por fanega, que en su mayoría, nunca fue pagado por la falta de medios económicos dada la pobreza de los vecinos.
Cristóbal de la Rocha se pone al lado de los vecinos desde el principio, sobre todo porque en la disputa se encuentran 108 fanegadas de sus tierras (las de la zona del Castillo) que fueron roturadas por su suegro Antonio Lorenzo y que pagaban anualmente el real por fanega al Cabildo.
Según Bethencourt Massieu el interés de la lucha de estos dos poderosos, es la búsqueda de la hegemonía en el sur y en general de la isla. Para ello dividen la villa en dos bandos, incluso de los poderes, ya que el alcalde real de la villa (nombrado por el Cabildo) denuncia al ordinario (nombrado por la Iglesia, ya que Agüimes era señorío episcopal) por favorecer al teniente coronel Rocha.
El 30 de noviembre de 1718, domingo, después de misa, Amoreto se dispone a labrar machos para el riego en sus nuevas tierras, y dividirlas para entregarlas a medianeros. Lleva a medianeros de Juan Grande y Aldea Blanca con yuntas para realizar la tarea, y pone al frente de la operación al alcalde real Joaquín González. Un grupo de unos 40 vecinos de Agüimes, (seguramente también del Castillo), se les opone, derribando al alcalde, dándole garrotazos, dándolo por muerto y hace huir a los medianeros.
Los vecinos son conscientes de que les van a despojar las tierras y por ello se amotinan y confabulan pues es lo único que tienen y debido a las miserias que pasan y a la injusticia que creen se está cometiendo, les da igual las acciones a tomar. Recordemos que la mayoría pertenecen a las milicias y están acostumbrados a combatir a piratas, y la acción se desarrolla, tal como si fuera por rebato o alarma pirata. Así, pasada la medianoche, se apoderan con amenazas de la “Caja de Guerra”, banderas armas y tambores, y al grito de “¡Viva el Rey! ¡Muera el mal gobierno!” convocan al resto de vecinos de forma que a la mañana los amotinados en número de 300 o 400 controlan las salidas y entradas de Agüimes y establecen una guardia.
Después de diversos hechos la sublevación se traslada a la plaza de Santa Ana, en Las Palmas, donde se encuentra el Cabildo. Los amotinados ahora ya no son solo de Agüimes, sino de toda la isla y allí tienen rodeados al capitán general, no dejándole salir si no libera a 22 vecinos arrestados por los distintos hechos acontecidos y condenados a destierro y multas imposibles de pagar.
El conflicto llega a tal punto que el capitán general ordena a sus hombres colocar la artillería para disparar a los amotinados y gracias a la intervención de la Iglesia se salva la situación. Había en la plaza unos 800 hombres que tenían rodeados al general en las casas episcopales y que decían que no los dejaban salir si no soltaban los presos. Los jesuitas y canónigos en hábitos de coro sacan en procesión al Santísimo Sacramento, mientras los dominicos llevan la Virgen del Rosario, y también se incorporan franciscanos y agustinos. En previsión de hechos sangrientos, esta comitiva se interpone entre los amotinados y las piezas de artillería que el general tenia apostadas en los accesos.
Debido fundamentalmente a la profunda religiosidad del pueblo, impresionados por la presencia del Santísimo y la virgen en la calle, y al poder disuasorio de los padres, los amotinados deponen su actitud. A su vez, después de diversas negociaciones, el capitán general decide soltar a los prisioneros y mandar información al Consejo de Castilla y al Rey para que decidan sobre el conflicto.
Al regresar el Capitán General a Tenerife, el Consejo del Cabildo de esta isla, le ofrece las rentas de sus bienes propios, e incluso los privados de sus regidores para financiar la merecida operación de castigo a que eran acreedores los grancanarios, a lo que el General se niega pues el problema está en manos del Rey Felipe V y su Consejo.
Transcurridos todos estos hechos el Consejo de Castilla resuelve a favor de los vecinos y la Audiencia y el comandante general, reciben ordenes del Rey no solo de olvidar las penas pronunciadas, sino de que los reos y vecinos reciban un trato exquisito: “…que por ahora absolutamente se sobresea y se suspendan los procedimientos y las causas de los referidos alborotos y tumultos, sin molestar a los reos, ni o otros algunos…por ellos, ni inobar en el estado que se allaren en cuanto a las tierras y sus vienes, ni hacerles agrauios, ni vexaciones de que tengan motivo de quexas, de modo que comprendan haberse extinguido la criminalidad de este asunto y se logre la anterior y universal quietud de las islas con aplausos y justificación”
El Rey toma esta decisión porque en el asunto está en juego la españolidad de las Islas, pues no olvidemos el valor estratégico de las mismas a lo largo de toda la historia y los ingleses en guerra con España por estas fechas, podían hacerse fácilmente con ellas, si la población no colaboraba en la defensa.
Después de esto las tierras pasaron a ser de propiedad comunal de todos los vecinos de Agüimes como venía siendo anteriormente. Este hecho además de reafirmar la fortaleza de los vecinos del Castillo, supuso también conservar una independencia del poder del
Condado,que llegaría hasta el sigloXX.
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